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La Comisión Provincial por la Memoria presenta su décimo Informe Anual.
La Comisión Provincial por la Memoria presenta su décimo Informe Anual.

La Comisión Provincial por la Memoria presenta su décimo Informe Anual.

Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente. En el acto, que se realizará el próximo martes 27 a las 18 hs, estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participará el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. El presidente del Parlasur, Jorge Taiana comentará el Informe. La cita es en el salón Eva Perón del Anexo del Senado, avenida 7 esquina 49, La Plata

Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.

En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres

En todo este tiempo, el colapso no sólo fue denunciado internamente por la CPM mediante informes a todos los poderes, sino a nivel internacional mediante informes y presentación de medidas cautelares por la situación particular de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías. Estas denuncias —avaladas, en diciembre pasado, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y, más recientemente, reconocido por las nuevas autoridades provinciales— requieren medidas urgentes y herramientas institucionales que reviertan este cuadro grave de violaciones a los derechos humanos.

Es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental. A esto debe agregarse la necesidad de cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU y, en ese caso, reconocer la trayectoria de la CPM como organismo local o provincial de prevención de la tortura, para designarla en tal carácter.

En este sentido, desde el año 2005 la CPM viene realizando, a través del Comité Contra la Tortura, el trabajo de inspecciones sistemáticas en lugares de encierro, que se desarrolla con protocolos de intervención respetuosos de los estándares internacionales de monitoreo y se inscribe en los principios de autonomía funcional y financiera establecidos por las Naciones Unidas. Autonomía que le permite actuar con independencia de los cambios de gobierno.

En esta oportunidad, la presentación del  Informe Anual. El sistema de la crueldad X se da en un contexto de reciente cambio en las gestiones del gobierno provincial y el nacional, y los datos que este trabajo deben servir como un diagnóstico y una herramienta para discutir las políticas de penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia. Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional.

 

La CPM está integrada por:

Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Víctor Mendibil (presidente), Elisa Carca (vicepresidenta), Mauricio Tenembaum (vicepresidente), Roberto Cipriano García (secretario), José María Di Paola (pro-secretario), Susana Méndez (tesorera), Ana Barletta (pro-tesorera), Luis Lima, Martha Pelloni, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso.

Consultores académicos: Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes, Chicha Mariani, Osvaldo Bayer / Miembro emérito: Obispo Miguel Hesayne.

 

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