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CGT y Senadores con Diputados – Doble traición peronistas, aliados a Milei y la CGT que negocia en las sombras.

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La CGT presentó una acción judicial contra la reforma laboral de Milei por considerarla inconstitucional.

Por Fernando Etchadoy.
Ante la traición de senadores y diputados peronistas que dieron quorum en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una presentación judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde sectores internos del movimiento obrero y político se denuncia un “doble juego”: mientras la central sindical se presenta como opositora en los tribunales, habría acordado por debajo de la mesa para no profundizar las medidas de fuerza.

La sesión en Diputados: traición peronista que habilitó la reforma

En la sesión de febrero de 2026, la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra. El oficialismo logró el quórum necesario (130 legisladores) gracias al respaldo de diputados peronistas provinciales, liderados por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a bloques “dialoguistas” como Hacemos Coalición Federal (Pichetto y Randazzo).

El Senado: los 10 senadores que vendieron al peronismo

En las sesiones de febrero de 2026, el Senado argentino convirtió en ley la reforma laboral. Para lograr el quórum y la aprobación, fueron clave los votos de un grupo de senadores de origen peronista o aliados a gobernadores del Partido Justicialista (PJ), a pesar de que el bloque mayoritario de Unión por la Patria rechazó oficialmente el proyecto.

Los senadores “traidores” que facilitaron la sesión y votaron a favor fueron:

· Camau Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), del bloque Unidad Federal.
· Guillermo Andrada (Catamarca).
· Juan Luis Manzur y Sandra Mendoza (Tucumán).
· Gerardo Montenegro, José Neder y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).
· Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), del Frente Renovador de la Concordia.

El bloque mayoritario de Unión por la Patria rechazó la reforma, calificándola de “esclavista”, y denunció que el gobierno utilizó acuerdos particulares con estos legisladores para fragmentar a la oposición.

El arreglo de la CGT: un paro sin movilización y un acuerdo bajo la mesa

La CGT, que realizó un paro general sin movilización ni acampe, ahora anuncia acciones judiciales. Sin embargo, fuentes sindicales y políticas denuncian que la central obrera habría llegado a un acuerdo por debajo de la mesa con el gobierno para no escalar el conflicto social, a cambio de concesiones mínimas o de mantener privilegios sectoriales.

La central obrera advierte que la ley vulnera principios fundamentales del derecho laboral, como la progresividad y la protección del trabajador, y anunció que continuará la lucha “en las calles, el Congreso y los tribunales”, aunque por ahora solo ha activado la vía judicial.

Los fundamentos de la presentación judicial

La CGT sostiene que la norma, mal llamada de “modernización”, implica un grave retroceso en los derechos de las y los trabajadores y viola principios constitucionales y tratados internacionales. En un extenso documento, la conducción sindical sostiene que la ley no solo no generará empleo ni reducirá la informalidad, sino que profundiza la precarización al eliminar derechos históricos.

Violación de principios constitucionales

La CGT fundamenta su impugnación en dos pilares del derecho laboral:

· El principio de progresividad: establece que una vez adquirido un derecho, no puede ser suprimido. La reforma, al reducir indemnizaciones, eliminar sanciones y flexibilizar jornadas, vulnera esta garantía.
· El principio protectorio: reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador. La nueva ley, según la CGT, rompe ese equilibrio y deja al trabajador en situación de indefensión.

Ambos principios tienen raigambre en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Los puntos más cuestionados de la ley

El documento sindical enumera los aspectos más lesivos:

· Jornadas laborales de hasta 12 horas, eliminación del pago de horas extras y reducción salarial.
· Indemnizaciones por despido pagaderas en cuotas y a través de un fondo integrado con aportes de los propios trabajadores.
· Eliminación de sanciones a empleadores que no realizaron aportes.
· Fraccionamiento unilateral de las vacaciones.
· Convenios por empresa en desmedro de la negociación colectiva por rama.
· Restricciones a la libertad sindical y al derecho a huelga.
· Traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Contexto de crisis

La CGT también advirtió que 11 de las 14 ramas de actividad del sector privado presentaron números negativos en los últimos dos años, con una pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo, caída del consumo y aumento de la desocupación.

“La CGT no gobierna, no condujo la estrategia electoral, no diseñó las políticas económicas ni avaló el endeudamiento externo. Somos la única instancia con capacidad de movilización y respuesta”, remarcaron, aunque la falta de movilizaciones masivas generó sospechas de un pacto con el oficialismo.

Resistencia o simulacro

La central obrera recordó que ya ha realizado 12 movilizaciones y 4 paros generales. Sin embargo, en esta oportunidad, la falta de conflicto en las calles y la priorización de la vía judicial alimentan las críticas internas: mientras el peronismo legislativo traicionó a los trabajadores votando la ley, la CGT habría preferido un acuerdo de caballeros antes que la lucha abierta.

“Seguiremos resistiendo por todos los medios a nuestro alcance: en la calle, en las instituciones y en la Justicia. No hay libertad sin justicia social”, concluye el comunicado, aunque por ahora, la calle espera.

Fuente: Presentación Judicial de la CGT

Fernando Etchadoy

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2 de Marzo de 2026

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