La investigación oficial señala a ex funcionarios del FISU, dirigentes del MTE-UTEP y un asesor legislativo de la UCR. La cartera de Capital Humano aplicó una suspensión preventiva que despertó críticas por su impacto sobre los trabajadores.

Los nombres del expediente

El sumario abierto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) alcanza a una red de personas físicas y jurídicas que, según el Ministerio de Capital Humano, desnaturalizó la figura cooperativa. Entre los principales señalados figuran Ramona Fernanda Miño, ex presidenta del Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU); su cónyuge, Juan Carlos Molina; y un grupo de cinco asociados de apellido Molina que comparten el mismo domicilio fiscal.

La nómina se completa con Sergio Oseira, ex presidente y actual síndico, y el tesorero José Antonio Ruíz Díaz, ambos vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). También está implicada la ex secretaria Sandra Maestre. Por fuera de la cooperativa aparece Pablo Nicolás Ávalos, secretario administrativo del bloque Ciudadanos Unidos/UCR en la Legislatura porteña, quien junto con sus socias y familiares Gabriela Vela y Lorena Ávalos controlaba dos empresas que facturaban materiales a La Azurduy.

El Gobierno dice que es una madeja de parentescos y sellos políticos

La fiscalización detectó que funcionarios del FISU y directivos de la cooperativa comparten domicilios fiscales y lazos familiares. Esa trama se repite en otras entidades bajo la lupa. La cooperativa, lejos de ser autónoma, funcionaba bajo el control operativo de las organizaciones MTE y UTEP, con las que compartía sedes, autoridades y hasta casillas de correo electrónico.

Además, integrantes de la comisión directiva facturaban servicios a la propia cooperativa a través de sociedades que ellos mismos presidían. El esquema se completaba con proveedores que no tenían depósitos, locales comerciales ni vehículos registrados y con una empresa incluida en la base de emisores de facturas apócrifas.

La medida oficial y la supuesta documentación faltante

El Ministerio de Capital Humano comunicó la suspensión preventiva de la operatoria y la apertura de un sumario a la Cooperativa de Trabajo La Azurduy Ltda. El argumento central es la “desnaturalización de la figura cooperativa”, prevista en el artículo 2° de la Ley 20.337. Según el comunicado, la entidad se usó en beneficio de personas que no eran asociadas y de organizaciones externas, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio.

Un punto clave fue la negativa de las autoridades a entregar la documentación que respaldara los pagos por la compra de un terreno, una operación que, además, estaba fuera del objeto social de la cooperativa. Esa obstrucción aceleró la decisión preventiva.

Una herramienta contra la economía popular

La suspensión sin duda expone maniobras administrativas y contables que merecen ser investigadas. Sin embargo, la medida adoptada por el Gobierno de Milei también revela un sesgo que preocupa. La intervención fulminante sobre La Azurduy —una cooperativa ligada a movimientos sociales que el oficialismo considera adversarios políticos— castiga por anticipado a trabajadores que dependen de esa estructura para subsistir. El sumario puede durar meses o años, y mientras tanto la cooperativa queda inmovilizada.

El Gobierno utiliza la “transparencia” como bandera, pero aplica el mismo rasero implacable que ya mostró con otras organizaciones de la economía popular. La existencia de irregularidades no legitima cualquier respuesta: una suspensión preventiva que ahoga a los eslabones más débiles de la cadena sin que haya una sentencia firme es, en los hechos, una condena administrativa sin juicio previo. Cabe preguntarse si la prioridad es sanear el sistema cooperativo o desarticular las herramientas de contención social que el propio Estado debería fortalecer.

Fuente Capital Humano del Gobierno de Milei

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

29 de Abril de 2023