El nuevo tope provincial diluye la protección municipal y habilita el control absoluto de un solo dueño extranjero

Por Fernando Etchadoy Cañuelas Noticias – La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el oficialismo elimina los límites que impedían que un municipio quedara íntegramente en manos foráneas. Al medir el tope del 25% solo a escala provincial, departamentos cordilleranos, cuencas hídricas y pueblos enteros podrán pasar a ser propiedad de una misma corporación o magnate sin violar la norma. La trampa técnica de excluir a las personas físicas extranjeras del artículo 3 agrava el vacío legal: cualquier individuo podrá adquirir hectáreas sin restricción alguna.

La concentración de la tierra convierte a los vecinos en inquilinos de facto de fondos de inversión globales

Cuando más del 80% del suelo municipal pertenece a un único dueño, el acceso a la vivienda, la expansión urbana y la actividad comercial quedan sometidos a la discrecionalidad de ese actor privado. Las transacciones se exigen en moneda extranjera, los alquileres se fugan del país y el municipio pierde su capacidad de planificar y recaudar. El intendente electo se vuelve un administrador sin poder real frente al propietario del territorio.

La flexibilización de desalojos y la seguridad privada institucionalizan ejércitos civiles en zonas rurales

El proyecto acelera los procesos de desalojo, restringe las defensas de pequeños productores y habilita que guardias privados controlen caminos vecinales y cobren peajes arbitrarios. Las denuncias sobre grupos armados financiados por latifundistas dejan de ser excepciones: con el nuevo marco jurídico, esas prácticas se multiplican y legitiman. La modificación simultánea de la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar restricciones a la venta de campos quemados, incentiva el uso intencional del fuego para limpiar tierras y facilitar negocios inmobiliarios o mineros.

El blindaje del RIGI somete los derechos comunales a tribunales internacionales inapelables

Cualquier ordenanza municipal que proteja un río o una norma provincial que afecte las ganancias de la corporación no se discutirá en un juzgado local. El acople con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones permite al inversor demandar al Estado argentino ante el CIADI en Washington. Para evitar condenas multimillonarias, el Estado cederá, y el dueño extranjero operará con sus propias reglas, ajeno a la justicia territorial.

Los datos oficiales prueban que el descontrol ya está en marcha y que la nueva ley lo vuelve irreversible

El Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA documenta que casi 50 departamentos ya superan el límite del 15% de extranjerización. San Carlos (Salta) registra un 59,82% de su territorio en manos extranjeras; Molinos (Salta), un 57,79%; General Lamadrid (La Rioja), un 56,70%; y Lácar (Neuquén), un 54,17%. En zonas estratégicas como Campana (Buenos Aires, 50,27%), Iguazú (Misiones, más del 30%) e Ituzaingó (Corrientes, más del 30%), el acuífero Guaraní y las fronteras quedan a merced de capitales externos. Con la ley actual restrictiva, 13 millones de hectáreas ya son foráneas; eliminar los controles departamentales convertirá esos departamentos en enclaves comerciales sin soberanía.

Por Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

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05 de Agosto de 2026