Los Libertarios que construyen sobre el abandono de los Bomberos que salvan vidas.
El Gobierno libertario retiene fondos que por ley pertenecen a más de 1.000 cuarteles de todo el país. El sirenazo nacional del 10 de septiembre expuso una deuda que equivale a $45 millones por asociación y que pone en riesgo la respuesta ante incendios, accidentes en rutas y catástrofes.

Por Fernando Etchadoy Cañuelas Noticias – Mientras el Gobierno de Javier Milei pregona el “déficit cero” como su bandera económica, los bomberos voluntarios de todo el país hicieron sonar sus sirenas el jueves 10 de septiembre de 2026 a las 10 de la mañana para denunciar que ese equilibrio fiscal se construye, en buena medida, con dinero que les pertenece por ley. La cifra exacta de la deuda es $59.330.748.051,41, correspondiente al remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores, según verificó la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados a través de un pedido de acceso a la información pública.

Ese monto equivale a aproximadamente $45 millones para cada una de las más de 1.000 asociaciones de bomberos voluntarios que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). No se trata de un subsidio extraordinario ni de un aporte discrecional: son recursos con afectación específica establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054, que desde hace más de dos décadas financia el sistema mediante una alícuota del 5 por mil sobre todas las pólizas de seguro del país, excepto las de vida.

El origen de la deuda: dinero recaudado, pero retenido

Los bomberos lo explican con claridad: el Estado ya recaudó ese dinero. El Ministerio de Seguridad lo percibe a través de las aseguradoras y debe distribuirlo entre los cuarteles. Sin embargo, el Ministerio de Economía de Luis Caputo mantiene los fondos atesorados en una cuenta que no puede ser distribuida hasta que se realice la transferencia a otra cuenta administrada por la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

“El Gobierno tiene retenidos 59.300 millones de pesos, que es el remanente de 2025 y es lo que estamos reclamando”, explicó Walter Turi, tesorero del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roldán y vocal de la Federación Santafesina, en diálogo con Conclusión. “Quedó un remanente del año pasado y está en una cuenta de atesoramiento, que no puede ser tocada por la ministra de Seguridad”.

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, Carlos Milanesi, fue más directo: “Es una retención indebida de fondos”. Y añadió: “No le sacamos presupuesto a ningún área. Son recursos que nos pertenecen”.

Un sistema que sostiene el 85% de las emergencias del país

La magnitud del reclamo se entiende al mirar los números de un sistema que el Estado nacional no sostiene con empleados públicos, pero del que depende todos los días. El SNBV reúne a más de 1.000 asociaciones y alrededor de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario en todo el territorio argentino.

Entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2026, los bomberos voluntarios realizaron 157.229 servicios, de los cuales 94.536 fueron emergencias reales, alrededor del 60% del total. Esto significa que en Argentina, a diferencia de Estados Unidos —donde existen agencias federales como FEMA y la NOAA con presupuestos multimillonarios—, la primera línea de respuesta ante incendios forestales, accidentes en rutas abandonadas, inundaciones y catástrofes está en manos de civiles que no cobran un salario por ello.

La paradoja es que mientras Milei agradece en redes sociales la “heroicidad” de los brigadistas, el Presupuesto 2026 prevé un recorte superior al 70% en los recursos para el Manejo del Fuego y el financiamiento para horas de vuelo. En 2025, el Gobierno ya había girado solo la mitad de los fondos estipulados por ley para los cuarteles.

Los cuatro ejes del reclamo

El sirenazo nacional del 10 de septiembre no fue una protesta aislada. Fue la culminación de meses de gestiones sin respuesta. El reclamo tuvo cuatro ejes concretos:

1. Transferencia inmediata del remanente adeudado: los $59.330.748.051,41 que permanecen sin ejecutar ni distribuir, vitales para renovar equipamiento crítico, comprar indumentaria ignífuga, insumos de seguridad y mantener las autobombas de cara a las temporadas de incendios.
2. Emergencias en rutas concesionadas: los bomberos responden permanentemente a accidentes en rutas concesionadas poniendo recursos, vehículos y personal, sin recibir compensación alguna. Exigen que los nuevos contratos de la Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) contemplen convenios obligatorios y contraprestaciones mensuales.
3. Reintegro del IVA: la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, que estipula el reintegro del Impuesto al Valor Agregado en compras de bienes, servicios y equipamiento esencial, a cargo de ARCA.
4. Agilización de pagos al exterior: el Banco Central mantiene trabadas las autorizaciones para importar vehículos de emergencia, trajes estructurales y herramientas de rescate pesado, ya que la operatoria internacional exige el pago anticipado total contra factura proforma.

“Lamentablemente no existe la industria destinada al bombero en nuestro país. Tanto los trajes como las autobombas deben comprarse fuera”, explicó Milanesi sobre la urgencia de destrabar las importaciones.

La “plata vieja” que el Gobierno quiso vender como aporte extraordinario

A principios de 2026, en plena emergencia por los incendios forestales en la Patagonia, el Ministerio de Seguridad oficializó la distribución de unos $100.810 millones para los cuarteles a través de la Resolución 91/2026. El oficialismo intentó presentarlo como un acompañamiento financiero ante la catástrofe climática.

Los bomberos desmintieron ese relato: se trató simplemente de la liquidación de partidas ordinarias que el Estado ya les debía por ley y que venían severamente atrasadas. La medida canceló deudas previas desactualizadas —lo que en el sector llamaron “plata vieja”— y dejó congelado de forma indefinida el remanente total que hoy reclaman.

En el Congreso, el diputado nacional del peronismo Marcelo Mango presentó un proyecto de resolución para exigirle a Milei la inmediata distribución de los fondos remanentes de 2025. “No estamos frente a recursos discrecionales del Poder Ejecutivo ni ante una caja disponible para mejorar artificialmente el equilibrio fiscal. Se trata de fondos previstos por la Ley 25.054”, sostuvo el legislador rionegrino, y advirtió: “En Río Negro y en toda la Patagonia, las grandes distancias, los incendios forestales, las emergencias climáticas y la dispersión territorial hacen que, en muchos casos, los bomberos sean la primera y única respuesta ante una emergencia”.

La “libertad” que no es para todos

La retención de estos fondos revela el verdadero rostro del “déficit cero” que pregona el Gobierno: un equilibrio fiscal que se sostiene, en parte, sin hacerse cargo de pagos que son obligación del Estado. Como señala el análisis de CBA24N, “el mentado ‘déficit’ cero encuentra su clave central en buena parte por no hacerse cargo de pagos que son su obligación”.

Los bomberos lo dicen sin vueltas: no están pidiendo un favor. Están reclamando dinero que los ciudadanos ya pagaron con sus pólizas de seguro, que el Estado ya recaudó y que por ley les corresponde. “No se puede mantener el equilibrio fiscal y déficit 0 con fondos que son específicos de Bomberos. Esto no proviene del Tesoro Nacional, proviene de un financiamiento propio”, señaló Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios de Salta.

La “libertad” que proclama Milei en cada discurso parece ser la libertad de las corporaciones para acumular y retener, mientras los derechos de los que sostienen el país —los bomberos que apagan el fuego, los que rescatan accidentados en rutas abandonadas, los que responden cuando el Estado no está— se van cercenando. Como en el siglo XVIII, cuando Kunta Kinte era arrancado de su tierra para servir a otros, hoy faltan las cadenas visibles, pero sobran los mecanismos económicos y administrativos que mantienen a los trabajadores esenciales atados a la precariedad mientras el poder se concentra.

El sirenazo del 10 de septiembre fue una advertencia. La próxima vez, si el Gobierno no responde, las sirenas podrían no sonar solo desde los cuarteles: podrían marchar hacia la Casa Rosada con las autobombas al frente, como ya advirtieron desde Salta. Porque los bomberos voluntarios no cobran un sueldo, pero tampoco son esclavos de nadie. Y el país los necesita.

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Por Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

10 de septiembre de 2026
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