CICOP había solicitado formalmente el 16 de diciembre, apenas asumidas las nuevas autoridades provinciales, una audiencia con el Ministro de Salud Daniel Gollán.

Allí manifestábamos que era necesario abordar la acuciante problemática de nuestro sector, así como la situación de los hospitales públicos provinciales y de quienes desempeñamos en ellos nuestro trabajo diario, en el contexto de las graves deficiencias en el funcionamiento del sistema sanitario.

Tuvimos oportunidad de comenzar a expresar la magnitud de la crisis ante la Ministra de Trabajo y el Jefe de Gabinete a fines de diciembre. También lo hemos hecho en los intercambios que venimos desarrollando con el área de Capacitación del Ministerio de Salud en relación a la temática de residentes ya que, a pesar de la especificidad de la discusión del Reglamento, la mirada necesariamente abarca al sistema de Salud en su conjunto.

Ahora tendremos la oportunidad de plantear, ante la máxima autoridad del área, la larga lista de cuestiones que nos atraviesan como trabajadorxs profesionales en hospitales y centros de salud, estrechamente imbricadas con el derecho de la población a tener garantizada una atención adecuada y oportuna, que responda a sus necesidades sanitarias, sin dejar de lado la promoción y la prevención como políticas sostenidas en el tiempo.

El salario y las condiciones de trabajo son el primer planteo a llevar a la reunión. Ambos ejes tienen rango paritario, por lo cual el reclamo por la apertura de la negociación sectorial, donde CICOP es el gremio mayoritario y más representativo de lxs profesionales de la Salud, tendrá que ser atendido en el corto plazo. La pérdida de poder adquisitivo padecida en los últimos dos años nos ha dejado alrededor de 35 puntos por debajo de la inflación. Un ingresante a cualquiera de los efectores públicos provinciales cobra en mano $ 37.100, una suma que lo pone en el límite de la canasta básica de la pobreza. No es atractivo ingresar ni permanecer en el sistema. Reclamaremos una recomposición salarial que recupere lo perdido y un mecanismo de cláusula gatillo para no seguir perdiendo ante la fuerte proyección inflacionaria.

A ello, se le suma a diario, ante una demanda creciente, malas condiciones de trabajo por falta de personal, carencia de insumos e infraestructura deficiente. La gestión de Vidal no abordó con voluntad política de resolución, en sus cuatro años de gobierno, el problema de los recursos humanos, problemática que se había iniciado en la etapa anterior. La interinización de becarixs, los concursos de ingresos y de funciones, así como otros reclamos presentados por lxs trabajadorxs tuvieron una flagrante demora, incumpliendo todos los plazos de los sucesivos acuerdos paritarios y culminando a fines de diciembre con la devolución de los expedientes a los hospitales, después de dos, tres y hasta cuatro años o más de haber iniciado su recorrido. Se han conculcado derechos en desmedro de la plena vigencia de la carrera sanitaria provincial. Plantearemos la urgente resolución de estas cuestiones y la necesidad de consensuar un modo de abordar el debate de los planteles necesarios.

Los problemas para un abastecimiento normal de insumos se han generalizado, lo que pone en jaque la posibilidad de brindar los servicios requeridos, de llevar adelante prácticas o hacer una mínima programación de las mismas. La mayoría de los hospitales no cuentan con los elementos necesarios para cumplir con sus tareas habituales. Por caso, el Hospital Fiorito de Avellaneda ha dado a conocer esta semana la grave situación que atraviesa y de algo similar da cuenta el Hospital Meléndez de Adrogué, por mencionar sólo dos lugares que atienden regularmente a gran cantidad de pacientes, muchos de ellos con carencias y vulnerabilidades complejas que no pueden esperar.

El problema de la infraestructura persiste a pesar de las obras, claramente insuficientes, que se hicieron en algunos lugares. En el hospital Paroissien de La Matanza la obra de la nueva guardia lleva más de un año parada y el hospital Oñativia de Rafael Calzada, a más de un año del incendio, no ha recuperado su operatividad y continúa funcionando como guardia de contingencia. Además, la correcta implementación del Decreto de Desgaste Laboral y el abordaje adecuado de las situaciones de violencia interna y externa también forman parte de los temas pendientes. La perspectiva de género en todos los ámbitos de la Salud, más allá de su carácter transversal, no estará ausente de la agenda que llevaremos.

La lista de temas es extensa y urgente a la vez. Será necesario instrumentar, a partir de esta primera reunión, dispositivos de trabajo que nos permitan debatir e intercambiar con voluntad de resolución la grave crisis en la que estamos inmersos. Para ello, aún con las dificultades del escenario provincial, la Salud Pública requerirá, además del diálogo y la tarea conjunta, de la disposición, en el corto plazo, de un aumento sustancial de las partidas presupuestarias para que sean adecuadas y acordes a la emergencia que nos atraviesa.

Deudas, inflación, desigualdades

La deuda pública que pesa sobre el conjunto de lxs argentinxs, a partir de los compromisos asumidos por sucesivos gobiernos, ha sido particularmente gravosa durante la presidencia de Mauricio Macri, con una muy alta proporción de la misma asumida en moneda extranjera. El Fondo Monetario Internacional destinó partidas en montos que nunca antes había desembolsado para un país, quebrantando sus propias normas institucionales al respecto.

Ese dinero, como bien sabemos, no se destinó a políticas públicas ni a mejorar la calidad de vida de la población, sino todo lo contrario. Se siguieron recetas de ajuste que impactaron sobre lxs trabajadorxs y la población más vulnerable, mientras los sectores más concentrados de la economía y el sistema financiero, acumulaban y fugaban dinero de un modo escandaloso. Ahora, el nuevo gobierno tiene por delante la tarea de afrontar vencimientos, negociar, reperfilar, reprogramar, tomar decisiones al respecto. En cualquiera de las formas, deberán ponerse en primer lugar las necesidades y requerimientos del conjunto de la ciudadanía por sobre los compromisos de pago.

En esta semana, se dio a conocer el índice de inflación de diciembre 2019, que fue de 3,7 %. Esto lleva el acumulado anual a 53,8 %, una cifra que no se alcanzaba desde 1991. En las dos primeras semanas de enero, los precios de los artículos de primera necesidad han continuado aumentando y aún no se advierte el impacto de la política de “precios cuidados”, una estrategia que ha dado pobres resultados en la experiencia pasada.

Las dos sumas fijas de $ 5000 otorgadas a jubiladxs y pensionadxs que perciben el haber mínimo, así como el congelamiento de tarifas, peajes y transporte público, tienen la intención de paliar en parte la compleja situación. En el mismo sentido, se dispuso el otorgamiento de sumas fijas de $ 3000 y $ 1000 para el sector privado durante los meses de enero y febrero. Lxs estatales nacionales verán aún más acotado este beneficio en febrero y marzo, porque sólo lo percibirán quienes cobran menos de $ 60.000 como retribución bruta. Son medidas que, por ahora, dejan afuera a vastos sectores de la población que también han sido perdedores y afectados en su cotidianeidad.

En la provincia de Buenos Aires, el impacto de la deuda heredada es enorme y los vencimientos están también a la vuelta de la esquina. El Gobernador Kicillof ya anunció la imposibilidad de asumir el primer pago de un bono cuyo origen se remonta al año 2011 y alcanza los 277 millones de dólares. Es sólo uno de varios vencimientos programados para el 2020, todos exponencialmente incrementados por la devaluación padecida en los últimos cuatro años. Por ahora, no ha habido anuncios en relación a sumas fijas para lxs trabajadorxs estatales provinciales, aunque se esperan novedades en los próximos días. Nuestra demanda estará orientada a la apertura de la paritaria.

El escenario tiene una enorme complejidad y la situación a nivel regional e internacional también padece dificultades y vaivenes fuera del alcance de las políticas locales, pero que la condicionan seriamente. La discusión sobre la legitimidad de las deudas contraídas, la injerencia de los organismos de crédito internacional sobre las decisiones soberanas de los países y la elección de un camino que  honra compromisos de deudas externas a costa de las numerosas “deudas internas”, está plenamente vigente. Debe darse en profundidad y seriamente porque, sin dudas, como trabajadorxs y como organización gremial que defiende las políticas públicas, tenemos aportes que hacer al respecto, en aras de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y equitativa.

Prensa CICOP