El resultado electoral ha provocado el derrumbe político del macrismo. Contra lo que afirmaban las encuestas, la derrota ha sido aplastante e irreversible.

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Se trata de una tendencia que estuvo presente en todo el proceso de elecciones provinciales, donde el oficialismo perdió de modo categórico en todos los distritos. El intento de revertir esas derrotas echando mano a los recursos del FMI y al ingreso de capitales especulativos de corto plazo no sólo no dio resultado sino que terminó agravando su situación. El derrumbe económico, la sistemática caída de la producción industrial y de la construcción y, en especial, del consumo, como resultado de la desvalorización creciente del salario y de las jubilaciones, crearon el marco para una derrota macrista sin atenuantes. En su derrota, Macri arrastró también a Vidal, cuya situación, si se quiere, es peor todavía que la del actual presidente. Pero al igual que Vidal, fue derrotado el radicalismo en Mendoza, que ha quedado al borde de la pérdida de la gobernación provincial. Hasta el propio Larreta, que logró el único triunfo del oficialismo, deberá esforzarse en demasía para lograr retener la jefatura de gobierno de la Ciudad. Es que aunque obtuvo una diferencia apreciable, el derrumbe general del macrismo operará también en el electorado porteño y se le hará cuesta arriba conseguir los 4 puntos necesarios para sortear el ballotage.

La diferencia conseguida por la fórmula Fernández-Fernández es de tal magnitud que ya es un hecho que se trata del nuevo gobierno que reemplazará al difunto macrismo. El sistema electoral vigente no ha podido dar cuenta de la situación y agrava la crisis en marcha. Es que las PASO, cuya función es confirmar las candidaturas de cada fuerza política, han terminado pariendo un nuevo gobierno tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Pero a la vez, por su función institucional, deberá aguardarse necesariamente hasta octubre para que esa elección quede confirmada. En ese lapso se creará de hecho un doble poder entre fuerzas capitalistas, con un gobierno acabado pero todavía con los resortes institucionales bajo su control,y una fórmula ganadora que deberá aguardar para hacerse de los atributos del mando. Esa transición, que según marca la legislación actual deberá abarcar más de 4 meses, tendrá como telón de fondo un país quebrado, con una deuda acumulada que ya ronda el 95% de su PBI, con una caída generalizada de la economía y la posibilidad cierta de que se desate una fuga de capitales que provoque no sólo nuevas devaluaciones sino que afecte directamente al sistema financiero y ponga en riesgo los depósitos bancarios. A diferencia de lo sucedido con Alfonsín en 1989, que entregó el mando a Menem antes de tiempo, acá eso no puede suceder porque formalmente la fórmula Fernández-Fernández no ha sido electa para la presidencia. Para hacerlo en este caso necesita llegar a octubre para que los candidatos sean efectivamente electos o entrar en un complejo adelantamiento de la propia elección de octubre, teniendo en cuenta las tendencias a una aguda devaluación que ya se preanuncian antes aún de la apertura de los mercados.

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El gran capital, que mayormente había apostado a la continuidad de macrismo, se valdrá ahora de esta transición de crisis para dictar sus condiciones al nuevo gobierno que asumirá luego de octubre. Del lado del peronismo-kirchnerismo ya han anticipado que están dispuestos a una negociación con ese gran capital para hacer un gobierno de coalición. El propio Alberto Fernández, en el fondo un operador político, fue nominado como candidato a presidente en lugar de Cristina Fernández de Kirchner, para facilitar ese entendimiento con el gran capital local e internacional. Sus economistas en los días previos a la elección hicieron saber que buscaban una renegociación con el FMI para extender los plazos de pago, algo que podría alcanzar a parte de la deuda privada, como acaba de suceder en Ucrania, donde los fondos BlackRock y Templetom admitieron una quita del 20%. Es claro que cualquier negociación con el FMI tendrá como contraparte la aceptación de sus condiciones, que tienen a la reforma laboral y previsional en el tope de las exigencias. Acá también Fernández dejó en claro que avala una nueva reforma laboral, que sería a través de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, buscando el acuerdo de la burocracia sindical, llamada a asegurar la ´paz social´.

La política rabiosamente capitalista de la fórmula Fernández-Fernández, sin embargo, no alcanza para despejar las crisis y choques que se provocarán en esta larga transición de 4 meses. El capital buscará dictar las condiciones por los métodos que le son propios, como ser la fuga de capitales o las corridas bursátiles. En los próximos meses, por ejemplo, hay vencimientos de deuda por casi 12.000 millones de dólares, y la renovación de los mismos está condicionada a los acuerdos que se alcancen en esta transición. A la vez, el gobierno sigue en manos del macrismo, sin descartarse cambios de gabinete y hasta la asunción de un nuevo jefe de ministros que opere como garante de este doble poder creado. Si este operativo es complejo de por sí, mucho más lo es cuando afrontamos una bancarrota política de dimensiones extraordinarias y que está en la base de la derrota del oficialismo. Un papel fundamental en el escenario político le está reservado a los gobernadores. Alberto Fernández viene de reunirse con 16 de ellos previo a las elecciones del domingo, a los que se unen varios más de los que han ganado las PASO. Esta suerte de “liga de gobernadores”, que ya vienen aplicando ajustes severos en sus respectivas provincias, está llamada a jugar un papel clave para pilotear la crisis, jugar un rol decisivo en la contención popular y garantizar una transición controlada. Si este operativo es complejo de por sí, mucho más lo es cuando afrontamos una bancarrota política de dimensiones extraordinarias y que está en la base de la derrota del oficialismo.

Mientras los capitalistas operarán para dictar las condiciones del recambio político, los trabajadores, las mujeres y la juventud no pueden asistir pasivos a esta crisis de magnitud sin plantear su propio programa y los medios de lucha para conquistarlos, que de ningún modo pueden seguir el curso pasivo fijado por el cronograma electoral. Se plantea una deliberación general y la necesidad de pasar a la acción para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Sin embargo, la burocracia sindical, que jugó mayormente con el peronismo-pejotismo, acentuará su pasividad para no afectar la transición en curso. Con iguales objetivos de contención actuarán los sectores clericales que han actuado a ambos lados de la grieta. Esto plantea la necesidad de una campaña por un congreso de bases de los sindicatos y la preparación de un paro activo nacional de 36 horas para derrotar la política de despidos masivos, desvalorización del salario y entrega al capital financiero. El fracaso de la política del FMI plantea romper definitivamente toda atadura al capital financiero, repudiar la deuda usuraria y proceder a nacionalizar la banca y el comercio exterior. Solo a través de este programa enfrentar con éxito los chantajes que el gran capital impondrá en la transición para asegurarse las condiciones del nuevo gobierno.

No caben dudas que la votación masiva obtenida por Fernández-Fernández expresa un repudio a la política fondomonetarista aplicada hasta el momento por el macrismo. Sin embargo, de la mano de los Fernández continuará la dependencia de la Argentina al FMI. Los Fernández han blanqueado su relación con el imperialismo en Venezuela, donde le han dado un apoyo solapado a los golpistas y al intervencionismo yanqui. Advertimos contra la ilusión de que una votación todavía superior en octubre le otorgará al nuevo gobierno mayor fortaleza para una negociación con el FMI y la banca acreedora, lo que serviría al menos para atenuar los padecimientos de los trabajadores. Este tipo de planteos, que con seguridad serán esgrimidos desde el peronismo-kirchnerismo, solo buscan mantener a los trabajadores a raya para poder avanzar en medidas contra ellos, que serán justificadas en nombre de la ´herencia recibida´. No podemos descartar que los Fernández pretendan que sea el macrismo el que haga parte del trabajo sucio antes de que abandone el gobierno. Una corrida cambiaria de magnitud, por ejemplo, serviría para consumar la devaluación reclamada por Alberto Fernández durante la campaña electoral. Ya en el pasado, la confianza depositada por los trabajadores en gobiernos capitalistas, terminó siendo una trampa mortal a la hora de enfrentar sus políticas confiscatorias y explotadoras.

El Frente de Izquierda-Unidad ingresa a esta nueva fase de la crisis con autoridad por haber logrado un resultado electoral que permitió superar la trampa de polarización que se pretendió crear, estableciendo una línea de resistencia electoral de cara a ir por más en ocutubre. Nuestros votos están levemente por debajo de las PASO 2015, aunque en los distritos centrales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, son superiores a los que tuvimos en las PASO del 2017. Los casi 700.000 votos obtenidos en las PASO fueron conquistados para un programa de independencia de clase, ruptura con el FMI y reorganización social integral a partir de los intereses de los trabajadores, como así también por la enorme intervención en als luchas por el aborto legal y en defensa de la juventud contra las reformas educativas y la precarización laboral. En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires el FIT-Unidad ha reunido los votos necesarios para luchar por ampliar su representación parlamentaria en el Congreso nacional y en las legislaturas locales, con las listas que encabezan Néstor Pitrola y Myriam Bregman respectivamente. En la Ciudad de Buenos Aires, además, con los votos de las fuerzas de izquierda que no pasaron las PASO el Frente de Izquierda puede pelear convertirse en la tercera fuerza del distrito con la lista de jefe de gobierno que encabeza Gabriel Solano. La obtención del cuarto lugar de simboliza el lugar ganado contra todo el régimen del FMI, por el aborto legal y todas las reivindicaciones de la mujer, y de la juventud contra la represión, contra la precarización laboral y por todas las reivindicaciones de los trabajadores.

La crisis abierta con la demolición del macrismo, la transición convulsiva que se abre y los pactos abiertos que se irán cerrando entre la fórmula ganadora y el gran capital, le plantean al Frente de Izquierda-Unidad una campaña de otras dimensiones, donde el centro esté puesto en la movilización de los trabajadores para enfrentar la tentativa de descargar la crisis sobre sus espaldas. El FIT-Unidad tiene un amplio terreno de conquista política entre los trabajadores que votaron por la fórmula Fernández-Fernández con el propósito de terminar con la política fondomonetarista, pero contradictoriamente éstos irán cerrando acuerdos que den garantías al gran capital. La explotación de esa contradicción reclama una acción independiente sobre la base de un programa de salida a la crisis, que plantee el repudio a la deuda, la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca, y de modo inmediato proceder a la suspensión de todos los despidos, tarifazos y el reclamo de una recomposición salarial y de las jubilaciones que permita recuperar todo lo perdido en los últimos meses. Las salidas capitalistas en danza, plantean una brutal confiscación a los bolsillos populares y un ataque en regla a los trabajadores pero eso no va a salvar a Argentina de una nueva bancarrota o incluso de una default. La devaluación que pregona Alberto Fernández pierde eficacia cuando estamos asistiendo a una guerra de monedas en el marco de una intensificación de la guerra comercial y un salto de la crisis de la economía capitalista que marcha hacia una nueva recesión. A estas salidas capitalistas, que profundizan el descalabro social y económico, le oponemos una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales liderada ´por la clase obrera, un gobierno de trabajadores. Esto plantea al Frente de Izquierda combinar la campaña que se inicia con métodos de movilización que vayan más allá de lo estrictamente electoral. El impulso al sindicalismo combativo para ganar la calle ahora por este programa y por un plan de lucha de todas las centrales obreras ocupa un lugar relevante, lo mismo que el reclamo de un congreso de bases de todos los sindicatos. La situación en la quebrada Chubut, con paros estatales y movilizaciones de masas contra el gobierno de Arcioni recién electo que no paga los salarios en fecha, adelanta la situación de todo el país. En Chubut planteamos que se vaya Arcioni, congreso de bases de todos los sindicatos y asambleas populares, paros escalonados hasta la huelga general para imponer los reclamos de los trabajadores y el repudio de la usuraria deuda provincial para hacerlos efectivos. El cuadro planteado abre, además una nueva realidad para todas las luchas planteadas en el movimiento obrero que deben reclamar la intervención de todas las organizaciones obreras locales para llevarlas a la victoria. Lo mismo con respecto a los movimientos contra la impunidad y contra el gatillo fácil que como en San Miguel del Monte atraviesan al movimiento popular.

Como ya lo hemos hecho antes de las PASO, el Partido Obrero vuelve a insistir con la necesidad de que convoquemos a la brevedad –podría ser a comienzos de setiembre- un Congreso del Frente de Izquierda-Unidad abierto a todos los trabajadores, la juventud y la mujeres que luchan. Un congreso de este tipo podría atraer no sólo a parte del electorado que nos acompañó o que lo hizo por otras fuerzas de izquierda, sino mostrar un camino de acción directa a la masa de trabajadores que votó por el peronismo-kirchnerismo en la expectativa de poner fin a la política fondomonetarista. Un Congreso así no solo sería un fuerte impulso a la campaña electoral sino que por sobre todo permitiría un reagrupamiento de fuerzas para quebrar al régimen del FMI, que los Fernández buscarán rescatar mediante pactos y acuerdos. Ese congreso será también oportunidad para reforzar. Se abre un proceso de crisis política de nuevo alcance, que reclama el protagonismo de la izquierda y la intervención activa de los trabajadores.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Obrero.