Cañuelas 9 de Enero de 2026 – La administración de Milei evalúa aplicar un modelo de gestión privada con pago por cápita en los hospitales SAMIC, lo que rompería con la gratuidad universal. Del Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner, Los gremios y trabajadores de la salud declararon estado de alerta y asamblea permanente.

Por Fernando Etchadoy, para Cañuelas Noticias

El Gobierno de Milei está entregando en bandeja los recursos naturales y los derechos conquistados por el Pueblo Argentino. En Cañuelas, esto se vive con crudeza: la medicina privada nunca aceptó la existencia de un hospital público de alta complejidad. Ahora que el sistema privado perdió su única clínica, solo le quedan ambulancias y consultorios particulares coordinados por el Círculo Médico.

En medio de esta crisis, el Hospital Cuenca Néstor Kirchner se sostiene gracias a una administración tripartita —Nacional, Provincial y Municipal—, un faro para quienes más necesitan. Pero los intereses de la medicina privada de Cañuelas han llegado al mismo seno del Gobierno de Milei. Molestos por la solidez de la salud pública, buscan manejar y administrar el hospital municipal.

En esta disputa, los únicos perjudicados son las personas sin obra social, sin recursos para pagar una atención digna. Este hospital no solo sirve a Cañuelas, sino a otros cinco municipios de la zona. Sin embargo, el Gobierno Nacional, aliado con los actores de la medicina privada, exige un cambio. Un cambio que solo busca llenar sus bolsillos, financiar sus vacaciones en el exterior y convertir la salud en un país para unos pocos.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie queda abandonado. Sin salud, sin opciones, víctima de un juego de intereses que convierte un derecho fundamental en un privilegio. Esto no es solo una política: es el despojo de la dignidad, la entrega de lo público a manos de unos pocos, y el silencio forzado de quienes solo piden vivir con cuidado y respeto.

Los hospitales en la mira del ajuste

El gobierno nacional avanza en un plan que amenaza la esencia de la salud pública: la privatización o concesión a privados de cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense. Los nosocomios involucrados forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema administrado en forma mixta por Nación y Provincia.

Los hospitales son:

· “Néstor Kirchner” (Cañuelas)
· “René Favaloro” (La Matanza)
· “Presidente Néstor Kirchner” (La Matanza)
· “Bicentenario” (Esteban Echeverría)
· “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” (Florencio Varela)

Aunque aún no hay anuncio oficial, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron al diario La Nación que la opción más firme es la aplicación del llamado “modelo español”: la concesión de la gestión a una empresa privada, que se financiaría mediante un sistema de cápitas (un pago por persona afiliada). Esto transformaría radicalmente el acceso, hoy universal y gratuito.

El “modelo español”: Financiar la salud con negocio privado

Este plan lleva el sello de la política de ajuste del gobierno nacional. Su objetivo central es reducir el costo fiscal que implica sostener estos hospitales de alta complejidad. Actualmente, el Tesoro nacional cubre entre el 70% y el 80% de su financiamiento, dependiendo del establecimiento.

El ministro de Salud, Mario Lugones, y su equipo consideran que estos hospitales podrían “solventarse con aportes de empresas de medicina prepaga y obras sociales”, externalizando la carga financiera. Bajo este esquema, los usuarios, incluso los más vulnerables, deberían contar con una cobertura (obra social o prepaga) para acceder a la atención, o enfrentar un pago directo, erosionando el principio de gratuidad.

Queda una incógnita legal: los hospitales SAMIC fueron creados por ley del Congreso. Cualquier cambio estructural en su gestión debería discutirse en el recinto. Sin embargo, ante el temor de un debate impopular, no se descarta que el Poder Ejecutivo intente avanzar mediante un decreto, siguiendo la lógica de la “motosierra” aplicada en otros sectores.

Rechazo y movilización gremial: “Defender la salud pública”

La sola mención del plan desató una reacción inmediata y contundente del sector gremial. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) emitieron comunicados de repudio y declararon el estado de alerta y asamblea permanente.

“Esta alternativa representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud, y pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”, advirtió FESINTRAS. Desde el gremio señalaron que esta avanzada se inscribe en “una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento” de los hospitales públicos.

Pablo Maciel, secretario general de FESINTRAS, fue contundente: “Privatizar los SAMIC representa un golpe a la salud y a la población en el corazón del conurbano bonaerense, donde se concentran los mayores niveles de población”.

Un ataque en el peor momento: Más pobres, más dependientes de la salud pública

Los gremios destacan que esta ofensiva privatizadora ocurre en el momento más crítico para la población. La política económica de ajuste ha generado un aumento abrupto del desempleo y la pobreza, lo que se traduce en una masiva pérdida de coberturas de salud privadas.

Según datos de ATE, alrededor de 18 millones de argentinos y argentinas dependen hoy exclusivamente del sistema público de salud, una cifra que no deja de crecer. La concurrencia a los hospitales bonaerenses se incrementó entre un 12% y un 15% en los últimos meses, con picos del 50% en algunas zonas, ante la imposibilidad de pagar una cuota de medicina prepaga.

“¿Cómo no defender la salud pública si en los últimos tres años más de 2 millones de bonaerenses eligieron atenderse en los hospitales públicos?”, cuestionaron desde ATE. Privatizar en este contexto, sostienen, es condenar a una porción enorme de la sociedad a la exclusión sanitaria.

La disputa por un derecho fundamental

El plan de privatización de los hospitales SAMIC no es sólo una medida de ajuste fiscal. Es una redefinición profunda del concepto de salud como derecho. Implica transferir un bien público esencial a la lógica del mercado, donde el acceso dependerá de la capacidad de pago y no de la necesidad.

Mientras el gobierno nacional busca descargar el peso de la salud pública en los privados y en los bolsillos de los usuarios, los trabajadores del sector y las comunidades se preparan para una resistencia frontal. La batalla por estos cinco hospitales definirá el modelo de salud para millones de personas y marcará un precedente crucial para el futuro de todo el sistema sanitario argentino. La salud pública, hoy más que nunca, está en la trinchera.

Fuentes – Comunicados oficiales de ATE y FESINTRAS, informe de la Agencia DIB.

Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

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9 de Enero de 2026

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