Por Fernando Etchadoy Cañuelas Noticias – Los tres jinetes del Apocalipsis sanitario: el plan de Milei, Caputo y Sturzenegger para privatizar la salud con sueldos de hambre

Mientras los pediatras apenas superan el medio millón de pesos y el PAMI reconoce $2.500 por afiliado, la Casa Rosada impone un techo salarial que vacía hospitales, precariza a los profesionales y allana el camino a los empresarios amigos.

El plan deliberado: ajuste, miseria programada y negocios privados

No se trata de impericia ni de un simple recorte de gastos. Lo que ejecutan el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el responsable de la desregulación Federico Sturzenegger es un programa meticulosamente diseñado para demoler lo que queda del sistema público de salud y entregárselo en bandeja a grupos empresariales afines. Los tres jinetes del ajuste están creando, a propósito, las condiciones para que ningún argentino pueda atenderse gratis en un hospital y para que los trabajadores de la salud se conviertan en esclavos modernos.

Las cifras dibujan un paisaje brutal. Un profesional de la salud pública hoy no supera los 500.000 pesos de bolsillo, mientras los servicios básicos —luz, gas, agua, transporte— ya trepan por encima de los 300.000 pesos mensuales. ¿Cómo sostiene una familia esa ecuación? No la sostiene. Y hay más: 25 millones de asalariados, sumados a los jubilados nacionales y provinciales, colocan a 30 millones de compatriotas por debajo de la canasta básica. Treinta millones de personas que no pueden pagar una prepaga ni sostener una obra social están siendo empujadas a la intemperie sanitaria.

El cálculo es siniestro. Mientras Milei se distrae con la mística que le provocan los abrazos femeninos en sus actos, alimenta el caldo de cultivo para que los grandes grupos económicos tomen la salud privatizada. Imaginen el negocio: hospitales reconvertidos en sociedades anónimas que cobran una cuota mensual, empresarios de ambulancias facturando cada traslado, clínicas que tarifan cada prestación. Todo lo que hoy es un derecho mañana será un servicio facturable. Eso es lo que persiguen: barrer con las políticas populares que beneficiaron al pueblo y reemplazarlas por un mercado de la enfermedad donde solo se cure quien pueda pagar.

Pero el plan va más allá de la salud. Las políticas de Milei no favorecen al laburante que gana 500.000 pesos y jamás podrá afrontar una cuota médica. La pregunta que nadie responde es: ¿quién va a pagar esa cuota? Al querer destruir las políticas provinciales y municipales con este ajuste brutal, lo que están creando son empleados cautivos, trabajadores obligados a cumplir 14 horas diarias sin cobrar horas extras, con empresas que eligen quién trabaja y quién no, como sucedía en la década de 1930 con las políticas conservadoras en la Argentina.

Lo que pretenden borrar es lo que edificaron el peronismo y todos los gobiernos populares que lo sucedieron: la movilidad social ascendente, la escuela pública, el hospital abierto, la universidad gratuita, todo lo que hizo de este país un lugar donde el hijo de un laburante podía ser médico. Esta bisagra marcará una pobreza comparable a la de 1930 si el plan continúa avanzando. Buscan esclavos que trabajen gratis para los empresarios de Milei, gente desesperada que acepte cualquier condición con tal de sobrevivir.

Mientras tanto, el contexto global ofrece una advertencia que el oficialismo ignora. Occidente está perdiendo peso frente a las políticas económicas de China y sus aliados, que apuestan por la producción y la soberanía. Argentina, en cambio, es vendida como mercancía barata, y el sistema de salud es apenas la primera ficha de un dominó que quieren que caiga completo. La salud pública no es un gasto: es un derecho que funciona desde la fundación misma de la Nación. Defenderla no es una opción; es una obligación de todos los que creemos que un país sin hospitales públicos es un país sin alma.

El “techo” nacional: paritarias del 1,5% que se imponen a todo el país

El gobierno de Milei solo fija, mediante la paritaria de la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06), los salarios del personal de salud que depende directamente de la Nación: hospitales como el Posadas, el Garrahan o los efectores del PAMI. Para ese universo, los incrementos mensuales más recientes fueron de un 1,7% en abril y apenas un 1,5% en mayo, acompañados de un bono extraordinario de $40.000. Esas cifras, rechazadas de plano por gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Sanidad (FESINTRAS), se convirtieron en la vara con la que gobernadores e intendentes miden sus propias negociaciones.

La lógica es perversa: el Palacio de Hacienda exhibe una inflación en descenso —construida con indicadores que los propios sindicatos cuestionan— y con ese argumento presiona para que ninguna jurisdicción otorgue aumentos que “rompan” la pauta nacional. Así, el 1,5% mensual se transforma en un corsé que comprime todas las paritarias de la salud pública, desde La Quiaca hasta Ushuaia.

La trampa inflacionaria de Caputo: bajar los índices para congelar los sueldos

Mientras los alimentos, los alquileres y los medicamentos siguen escalando muy por encima de la cifra oficial, el Ministerio de Economía sostiene que la economía se estabiliza y que no hay margen para recomponer salarios. Ese discurso es la coartada perfecta para que las administraciones provinciales y municipales esgriman la imposibilidad de superar los topes nacionales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, negoció con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP) una mesa de monitoreo salarial, pero cualquier mejora queda atada a la evolución de una inflación que Caputo se encarga de dibujar hacia abajo.

El resultado es una doble asfixia: los médicos de los hospitales bonaerenses ven cómo sus sueldos pierden poder adquisitivo mes a mes y, al mismo tiempo, los municipios que intentan otorgar un refuerzo con fondos propios son advertidos de que no pueden desalinearse de la política macroeconómica. La coparticipación federal se ha convertido, además, en un arma de presión. Desde que Milei asumió, el gobierno nacional acusa a la provincia de Buenos Aires de no pagar lo que corresponde, mientras retiene partidas y boicotea cualquier intento de oxigenar las cuentas sanitarias locales.

Municipios asfixiados: monotributo, precarización y fuga de pediatras

En el territorio, la situación es aún más dramática. Los 135 municipios bonaerenses manejan sus hospitales y centros de salud con ordenanzas propias, lo que genera una dispersión salarial brutal. La mayoría de los pediatras municipales cobran sueldos básicos muy por debajo de los provinciales y, en muchos casos, ni siquiera alcanzan el millón de pesos mensuales. La modalidad de contratación dominante es el monotributo: médicos que facturan como si fueran autónomos, sin aguinaldo, antigüedad ni vacaciones pagas, mientras cubren guardias de 24 horas en condiciones de pluriempleo forzoso.

Los reclamos de las seccionales municipales de CICOP y de los sindicatos de trabajadores comunales apuntan a la “desprecarización laboral”, pero chocan contra el mismo muro: los intendentes dicen no tener recursos y señalan hacia arriba. La pauta inflacionaria de Caputo no les permite destinar fondos a incrementos genuinos, y la coparticipación que llega es cada vez más exigua. Con ese panorama, los pediatras renuncian a los cargos locales y migran al sector privado o al sistema provincial, y los municipios se ven obligados a cerrar guardias infantiles en forma temporaria o definitiva.

El desfinanciamiento del PAMI: $2.500 por afiliado y médicos bajo la línea de pobreza

Un dato ilustra la magnitud del desprecio por la tarea médica: el PAMI paga a los profesionales de cabecera apenas $2.500 por cada afiliado. Con ese monto, ningún médico puede cubrir los costos de un consultorio, sostener una familia ni, mucho menos, atraer a nuevos especialistas. La cifra está tan desactualizada que los propios pediatras la califican de “simbólica” y denuncian que el gobierno la mantiene como parte de una estrategia para vaciar el sistema público y empujar a los jubilados hacia prestadores privados controlados por grupos empresariales afines.

El conflicto en las residencias: falta de recambio generacional por sueldos miserables

La crisis de la pediatría no solo afecta el presente: tiene hipotecado el futuro. Las residencias pediátricas en hospitales públicos bonaerenses sufren un “vaciado” histórico. Los cupos quedan desiertos año tras año porque los ingresantes perciben salarios que, a valores actuales, no superan los $300.000 o $400.000 mensuales. Ningún joven médico está dispuesto a soportar guardias extenuantes por ese dinero cuando puede volcarse a la telemedicina, a consultorios privados o directamente al extranjero. Los sindicatos advierten que, si no se corrige de inmediato, en menos de una década no habrá pediatras formados para atender a los niños en el sistema público.

Privatización encubierta: sueldos bajos para transferir hospitales a empresarios amigos

El último eslabón de esta cadena es el horizonte que el propio Milei ha explicitado: un sistema de salud basado en la competencia y la gestión privada. Para que los “empresarios amigos” puedan tomar la operación de los hospitales nacionales, provinciales y municipales sin grandes inversiones, es necesario que el personal esté lo más barato posible. Mantener los sueldos deprimidos y las condiciones laborales precarias facilita la transferencia de los efectores a manos privadas, que recibirían establecimientos con costos laborales mínimos y la promesa de subsidios estatales encubiertos. Luego, cuando la calidad del servicio decaiga por falta de personal, la reacción ciudadana será redirigida contra los intendentes y gobernadores, a quienes la narrativa oficial acusará de ineficientes. Se trata de un “yoc” (yo contra las provincias) orquestado desde la Casa Rosada para licuar responsabilidades y acelerar el desguace.

Un modelo que enferma a la salud pública

Las políticas de ajuste de los tres jinetes —Milei, Caputo y Sturzenegger— no son un mero recorte de gastos: constituyen un plan sistemático para deprimir los ingresos de los médicos, desfinanciar los hospitales municipales y provinciales, y crear las condiciones para una privatización regresiva del sistema sanitario. La excusa de la inflación baja que enarbola Caputo es la coartada perfecta para que ninguna jurisdicción pueda recomponer salarios sin ser acusada de “irresponsable”. Mientras tanto, los pediatras que quedan en pie multiplican sus horas de trabajo por una paga que no llega al millón de pesos, el PAMI paga tarifas indignas y las residencias se vacían. La salud pública argentina no está en crisis por casualidad: está siendo deliberadamente estrangulada.

Por Fernando Etchadoy
Cañuelas Noticias
31 de mayo de 2026