Por Fernando Etchadoy – La CGT logró una cautelar histórica que deja sin efecto más de 80 artículos de la ley de “modernización” laboral. Mientras el Gobierno promete apelar, la Justicia le recordó que los derechos de los trabajadores no se negocian con decretazos ni corporaciones.

En un revés contundente para el oficialismo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley N° 27.802, conocida como la “reforma laboral” impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión, firmada por el juez Raúl Ojeda, no solo frena el embate contra los derechos de los trabajadores, sino que deja en evidencia la fragilidad jurídica de una norma que el oficialismo promocionó como la “solución mágica” al desempleo.

La jugada que se volvió en contra

El fallo, emitido en el marco del expediente CNT 10308/2026, concede la acción declarativa presentada por la central obrera tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. El magistrado consideró que los artículos impugnados —que modificaban desde la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) hasta la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551)— vulneraban de manera “ostensible y manifiesta” principios fundamentales como el de protección, progresividad, libertad sindical y debido proceso, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Mientras la CGT celebraba el freno a lo que calificaron como un “retroceso histórico” en los derechos colectivos e individuales, la reacción del Ejecutivo no se hizo esperar, aunque con un dejo de ironía inevitable.

El “rechazo con pinzas” del Ministerio de Capital Humano

Desde el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, anunciaron que apelarán la decisión. En un comunicado oficial, la cartera que lidera el gobierno nacional sostuvo que la ley era una “herramienta fundamental para la creación de empleo formal” y acusó a la CGT de priorizar “intereses corporativos y sectoriales”.

La ironía del comunicado no pasó desapercibida: mientras el Gobierno habla de “intereses corporativos”, la norma suspendida pretendía flexibilizar indemnizaciones, desregular convenios colectivos y desproteger a las y los trabajadores frente al poder empresarial. Parece que, para el oficialismo, lo “corporativo” solo es malo cuando lo defiende el que trabaja; cuando lo defiende el que despide, es “modernización”.

Un fallo que sienta precedente

La resolución judicial no solo suspendió los artículos más polémicos de la ley, sino que puso en jaque el argumento oficial de que la norma había sido sancionada por “amplia mayoría”. Para el derecho laboral argentino, cuyo pilar es el principio protectorio, cualquier reforma que reduzca derechos adquiridos debe ser analizada con lupa constitucional. En este caso, la lupa del juez Ojeda determinó que lo que el Gobierno llamaba “modernización” era, en los hechos, una licuadora de garantías básicas.

Desde la Agrupación De Frente, que difundió la noticia, celebraron la decisión: “Se cayó la reforma laboral. Quedó en evidencia que los que nos gobiernan no conocen nuestras leyes ni nuestra Constitución, dejando en claro que no les importa destruir los derechos conquistados porque eso es lo que vienen a hacer: a saquear”.

Lo que viene

Si bien la apelación del Gobierno es un paso esperado, el escenario se presenta complejo para la Casa Rosada. La suspensión cautelar implica que, mientras dure el proceso judicial, la ley no puede aplicarse. La CGT, por su parte, logró no solo un triunfo judicial, sino también un respiro político en un contexto de creciente conflictividad social.

Mientras el oficialismo insiste en que “la ley es expresión de la voluntad legislativa”, los trabajadores y trabajadoras tienen una nueva certeza: por ahora, la Justicia les recordó al Poder Ejecutivo que en la Argentina, los derechos laborales no se reforman con la liviandad de un tuit ni con la soberbia de quienes creen que la Constitución es un obstáculo para sus negocios.

Porque si de “intereses corporativos” se trata, habrá que preguntarse quiénes son los que realmente salían beneficiados con una ley que eliminaba multas por trabajo no registrado y facilitaba el despido sin causa. La respuesta, por más que el Gobierno quiera ocultarla en sus comunicados, quedó hoy más clara que nunca.

Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

31 de Marzo de 2026

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