Una tesis sobre el poder, la justicia y la sumisión económica en la Argentina actual por Fernando Etchadoy

Introducción

A 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Argentina se encuentra nuevamente ante una encrucijada histórica. Lo que entonces se impuso con bayonetas, hoy se ejecuta con otras herramientas: la cooptación del Poder Judicial, la compra de voluntades en el Congreso y una embajada extranjera que opera como gobierno paralelo. El objetivo permanece intacto: sumir al pueblo en la pobreza para destruir toda ideología de país y reducir la esperanza de los argentinos a la añoranza del dólar como único refugio de valor.

Esta tesis sostiene que existe una continuidad estratégica —impulsada por intereses foráneos y sus socios locales— entre el terrorismo de Estado implementado hace medio siglo y las políticas de empobrecimiento sistemático que se desarrollan en la actualidad, con la particularidad de que hoy la dominación se ejerce mediante la economía, la justicia y el parlamento, antes que con los fusiles.

Capítulo I: El rol de Estados Unidos ayer y hoy

La Doctrina de Seguridad Nacional

El surgimiento simultáneo de dictaduras militares en Latinoamérica durante las décadas de 1960 y 1970 no fue una casualidad histórica, sino el resultado de una estrategia diseñada en Washington en el marco de la Guerra Fría. La Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos, redefinió la misión de las Fuerzas Armadas latinoamericanas: ya no se trataba de defender las fronteras externas, sino de aniquilar al “enemigo interno”: sindicatos, movimientos populares, intelectuales críticos y organizaciones políticas de izquierda. [1]

Los comandantes argentinos Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti —formados en la Escuela de las Américas de Panamá— fueron los ejecutores locales de esta política continental. El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, redactado el mismo 24 de marzo de 1976, concentró en la Junta Militar el poder legislativo, ejecutivo y judicial, subordinando la Constitución Nacional a los objetivos de la dictadura. [2]

La nueva intervención: justicia, congreso y embajada

Medio siglo después, Estados Unidos mantiene su injerencia en la región, pero ha perfeccionado los mecanismos. Ya no necesita golpes militares ostensibles. En la actualidad, la estrategia se despliega mediante tres herramientas clave:

1. El Poder Judicial: Jueces federales y miembros de la Corte Suprema alineados con intereses extranjeros operan como bisagra entre el poder económico concentrado y las decisiones judiciales que afectan a los sectores populares.

2. El Congreso Nacional: Legisladores que responden a la embajada norteamericana antes que a sus representados votan leyes que profundizan la desigualdad y transfieren recursos públicos al capital extranjero.

3. La economía como arma de disciplinamiento: El aumento desmedido de las tarifas de luz y gas no responde a una lógica técnica, sino a un objetivo político: generar una masa de trabajadores endeudados que, despojados de todo horizonte, se conviertan en mano de obra cautiva para las clases pudientes. [3]

Esta tríada —justicia sumisa, congreso cooptado, economía de la miseria— constituye el nuevo entramado de dominación que reemplaza a los centenares de centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura.

Capítulo II: La sumisión económica y el disciplinamiento social

El modelo del endeudamiento

Hacia marzo de 2026, la situación económica de las familias argentinas alcanza niveles críticos que evocan los momentos más duros del “Proceso de Reorganización Nacional”. La morosidad en créditos familiares llegó al 10,6% en enero de 2026, cuando un año atrás apenas alcanzaba el 2,67%. Más del 90% de las familias recurren al crédito para cubrir consumos básicos y alimentos. [4]

La deuda promedio por persona supera los 5,6 millones de pesos, con un salto del 75% en un solo año. El uso de tarjetas de crédito —un mecanismo de endeudamiento masivo inexistente en 1976— se ha convertido en la nueva forma de esclavitud financiera. [5]

Salarios y pobreza

El salario mínimo vital y móvil se fijó en noviembre de 2025 en 328.400 pesos, lo que representa una caída interanual real del 6%. Los salarios promedio reales se mantienen en niveles similares a los de noviembre de 2023, evidenciando un estancamiento prolongado que licúa el poder adquisitivo de los trabajadores. [6]

Este proceso guarda notables similitudes con lo ocurrido durante la dictadura, cuando el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz provocó una caída brutal del salario real mediante devaluaciones programadas y una inflación que superaba sistemáticamente los ajustes salariales, quintuplicando la pobreza del 20% al 40% en apenas cinco años. [7]

La ideología del dólar y el disciplinamiento simbólico

Uno de los aspectos más profundos de este proceso de dominación es la destrucción de la conciencia colectiva. La añoranza del dólar como único resguardo de valor no es un fenómeno espontáneo, sino una construcción ideológica cuidadosamente diseñada para reemplazar la solidaridad social por el individualismo más feroz.

El mensaje es claro: el éxito personal se mide en dólares, no en bienestar comunitario; el ahorro es la única virtud, y quien no logra acumular divisas es culpable de su propia desgracia. Esta narrativa —que niega toda responsabilidad estatal o colectiva— constituye la base ética sobre la que se construye la sumisión económica. [8]

Capítulo III: La reconfiguración territorial y simbólica

El mito del progreso porteño

Durante décadas, el imaginario nacional construyó a Buenos Aires como la ciudad del progreso personal. El obelisco se erigió como símbolo de ese horizonte: millones de argentinos del interior del país emigraron a la capital con la esperanza de “hacerse” en la gran ciudad. Los trabajadores del interior —los “negros cabecita” del lenguaje despectivo de la oligarquía porteña— eran la mano de obra que sostenía el crecimiento económico de la ciudad autónoma.

Este esquema reproducía una relación de dominación: el provinciano debía sentirse agradecido por poder trabajar para el patrón porteño, debía considerar un privilegio poder alquilar una pieza en un conventillo, debía resignarse a que jamás podría vacacionar como los ricos ni comprar un departamento en la capital. [9]

El peronismo como interrupción histórica

En 1945, Juan Domingo Perón y Eva Duarte irrumpieron en esta lógica y le dieron una oportunidad a los humildes del interior y de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, los trabajadores tuvieron derechos, vacaciones pagas, aguinaldo, vivienda digna y la posibilidad real de ascenso social.

Ese fue el pecado original que la oligarquía jamás perdonó. Y es por eso que hoy, cuando se habla de “destruir la casta”, se ataca precisamente a aquellos mecanismos que permitieron la movilidad social de los sectores populares. El odio al “negro cabecita” —que tanto resuena en las redes sociales que alimentan las élites— no es más que la expresión contemporánea de una lucha de clases que nunca cesó. [10]

La hipocresía de la “ciudad limpia”

Nada revela mejor la naturaleza de esta dominación que la obsesión de la ciudad autónoma de Buenos Aires con la limpieza. Mientras se estigmatiza a los barrios populares del conurbano como “sucios” o “villas miseria”, los edificios de la capital están infestados de cucarachas y roedores en sus bauleras y huecos de ascensores.

La diferencia no radica en la limpieza, sino en el poder de invisibilizar la propia mugre mientras se exhibe la ajena. La quema de basura en incineradores que deben “oler a limpio” es el símbolo perfecto de una clase que expulsa sus residuos fuera de su territorio —literal y simbólicamente— mientras se erige en modelo de civilización. [11]

Capítulo IV: El Estatuto de 1976 y sus réplicas contemporáneas

Concentración del poder ayer y hoy

El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional estableció a la Junta Militar como órgano supremo de la Nación, otorgándole facultades legislativas plenas y permitiendo la remoción de los miembros de la Corte Suprema. La Constitución Nacional quedó subordinada a los objetivos de la dictadura. [12]

Hoy, sin declarar formalmente la suspensión de la Constitución, se han implementado mecanismos que producen efectos similares:

· Facultades delegadas: Mediante la Ley de Bases, el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo facultades legislativas en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas por tiempo indeterminado, una herramienta que los críticos consideran un debilitamiento de la división de poderes. [13]
· Control judicial: La independencia del Poder Judicial se ha visto comprometida mediante mecanismos de presión, ampliación de cortes y designaciones discrecionales que aseguran la alineación con los intereses del Ejecutivo.
· Subordinación constitucional: A través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que multiplican por diez la cantidad utilizada por gobiernos anteriores, se ha consolidado una práctica de gobierno por decreto que elude el debate parlamentario. [14]

El revisionismo histórico como herramienta política

Una de las continuidades más preocupantes entre el Proceso y la actualidad es la narrativa sobre los años 70. La “teoría de los dos demonios” —que equipara el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera— ha sido resucitada por altas autoridades nacionales, que han cuestionado públicamente la cifra de 30.000 desaparecidos y promovido una visión que relativiza los crímenes de lesa humanidad. [15]

Esta revisión histórica no es inocente: prepara el terreno para decisiones políticas como la posibilidad de indultar a militares condenados por delitos de lesa humanidad —un tema que vuelve a circular en marzo de 2026, coincidiendo con el 50° aniversario del golpe— y legitima una visión de la dictadura como un “exceso” en un contexto de “guerra”, en lugar de reconocerla como lo que fue: un plan sistemático de aniquilación de la disidencia política y reorganización de la economía en favor del capital concentrado. [16]

Capítulo V: La guerra económica de clases

Humildes contra garcas: la división inducida

A 50 años del golpe, la Argentina se encuentra dividida en dos bandos: los humildes contra los “garcas”. Esta división, fomentada por discursos polarizantes y políticas que exacerban el resentimiento social, oculta la verdadera fractura: la que separa a los que tienen de los que no tienen.

El discurso oficial presenta a los sectores populares como responsables de su propia situación (“si no te alcanza, es porque no te esforzás lo suficiente”), mientras desvía la atención de la concentración económica sin precedentes que se está produciendo. En este contexto, los barrios cerrados prosperan como negocios millonarios mientras el país se hunde día a día, y la palabra “Dios” es invocada por quienes promueven políticas que contradicen cualquier principio de solidaridad cristiana. [17]

El desguace de las Fuerzas Armadas

Un dato revelador: mientras en 1976 las Fuerzas Armadas contaban con un millón y medio de efectivos conscriptos, hoy las tres fuerzas no suman 60.000 efectivos. Esta reducción no responde a una opción pacifista, sino a una reconfiguración del poder: ya no se necesita un aparato militar masivo para disciplinar a la población cuando se puede lograr el mismo efecto mediante el hambre, el endeudamiento y la desesperanza.

Sin embargo, persiste el intento de utilizar a los jueces federales, la Corte Suprema y las voluntades del Congreso para avanzar en una agenda que profundiza la desigualdad. El alineamiento internacional del gobierno actual —que llevó a la Argentina a involucrarse en conflictos en Medio Oriente— completa un cuadro de sumisión geopolítica que recuerda los momentos más oscuros de la historia latinoamericana. [18]

Conclusión: Esperanza contra la desesperanza

A 50 años del golpe de Estado que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta una nueva forma de dominación: más sutil, pero igualmente letal. La pobreza inducida, el endeudamiento masivo, la destrucción de la conciencia colectiva y la división social operan como mecanismos de control que reemplazan a los fusiles y los centros clandestinos.

Pero si algo ha demostrado la historia argentina, es que la esperanza de los humildes es más fuerte que la desesperanza que intentan imponerle. El “negro cabecita” que llegó a Buenos Aires buscando progreso no se resignó a ser sirviente; se organizó, construyó el movimiento obrero más poderoso de Latinoamérica y conquistó derechos que parecían inalcanzables.

Hoy, en un mundo al borde de una guerra nuclear global, la Argentina se encuentra dividida pero no derrotada. La memoria de los 30.000 desaparecidos, la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la resistencia de los trabajadores y el clamor de los humildes por una vida digna son la prueba de que ningún proyecto de dominación es eterno.

El 24 de marzo no es solo una fecha para recordar lo que pasó hace 50 años. Es también una oportunidad para preguntarnos qué clase de país queremos construir y para reconocer que la lucha contra la injusticia —ayer como hoy— no es un asunto del pasado, sino la tarea más urgente del presente.

Referencias

[1] Repositorio Institucional UPB. Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina.

[2] InfoLEG. Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, 1976.

[3] Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre políticas económicas y derechos humanos, 2025.

[4] Banco Central de la República Argentina. Reporte de morosidad financiera, enero 2026.

[5] Fundación DNI. Endeudamiento familiar en Argentina: 2024-2026.

[6] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, 2025.

[7] Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Economía y dictadura en el Cono Sur.

[8] Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Informe sobre discursos de odio y desigualdad, 2025.

[9] Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Migraciones internas y desarrollo urbano en Argentina.

[10] Universidad Nacional de General Sarmiento. El peronismo y la movilidad social, 2023.

[11] Página/12. “La hipocresía de la ciudad limpia”, marzo 2026.

[12] Archivo Nacional de la Memoria. El Estatuto Militar de 1976.

[13] Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ley de Bases y Puntos de Partida, 2024.

[14] Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Informe sobre uso de DNU, 2025.

[15] Buenos Aires Herald. “Milei questions 30,000 disappeared figure”, marzo 2026.

[16] La Voz del Interior. “El Gobierno analiza un indulto a represores”, marzo 2026.

[17] Perfil. “Barrios cerrados: el negocio inmobiliario que crece con la crisis”, 2025.

[18] Ámbito Financiero. “Argentina se involucra en conflictos en Medio Oriente”, 2025.

24 de marzo de 2026
50 años del golpe cívico-militar
Por la memoria, la verdad y la justicia

Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

24 de Marzo de 2026

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