Bajo el eufemismo de “medidas de seguridad”, el Ministerio de Seguridad Nacional pretende regular —de facto— la cobertura de manifestaciones, en una maniobra que los constitucionalistas califican como “autolimitación forzada” del derecho a informar. Por Fernando Etchadoy

Zona exclusiva. ¿resguardo o confinamiento selectivo?

La reciente directiva del Ministerio de Seguridad Nacional, que asigna como “zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos” la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par), encierra una tramoya semántica que, bajo el manto de la protección, esconde un deliberado cerco a la libertad de prensa. En apariencia, se trata de un acto bienintencionadamente preventivo; sin embargo, al analizar su entramado, se descubre un cordón sanitario informativo que impide a cronistas y camarógrafos aproximarse a los focos noticiables durante las jornadas de protesta previstas para el 18, 19 y 20 de febrero en el Congreso de la Nación.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la protección del trabajo en todas sus formas, y el periodismo es, ante todo, un trabajo esencial para la vigencia de la democracia. Al confinar a los trabajadores de prensa a un perímetro rígido, el Estado no los resguarda: los desplaza del escenario real donde se construye la noticia, delegando en las propias fuerzas de seguridad el relato de lo que ocurre en el centro del conflicto.

Recomendaciones con prescripción: “no se posicione entre la violencia y nosotros”

El comunicado oficial aconseja, con una redacción que parece extraída de un manual de autoayuda represiva, “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”. Esta recomendación, que en una primera lectura podría pasar por un consejo de sentido común, se transforma en una intimidación solapada cuando se la inscribe en el contexto de un operativo donde la única variable predecible es la incertidumbre.

¿Quién define qué es un “foco violento”? ¿Acaso una manifestación pacífica que incomoda al poder puede ser etiquetada como violenta por el solo hecho de rodear un edificio público? Al sugerir que el periodista debe alejarse de la “posible violencia” —sin especificar quién la genera—, el gobierno de Javier Milei pretende que los cronistas se conviertan en narradores de segunda mano, dependientes de los partes oficiales y de las tomas lejanas, mientras los verdaderos acontecimientos se desarrollan a espaldas de las cámaras.

La “autopuesta en peligro”: un concepto jurídico que huele a amenaza preventiva

Uno de los párrafos más inquietantes del documento es aquel que advierte: “Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir”. Aquí el ministerio no solo describe, sino que tipifica una conducta que hasta ahora no existía en el derecho argentino: la de un periodista que, al acercarse a una noticia, se coloca voluntariamente en riesgo.

Esta construcción lingüística —la autopuesta en peligro— no es inocente. En el fondo, lo que se busca es instalar la idea de que, si un cronista resulta herido mientras cubre una manifestación, la responsabilidad será exclusivamente suya por no haber acatado las “recomendaciones” oficiales. Se trata de una cesión encubierta de responsabilidad estatal, un mecanismo para que, en caso de violencia policial contra la prensa, el gobierno pueda argumentar que el trabajador estaba donde no debía, desactivando así cualquier reclamo de derecho internacional o constitucional.

Ley 12.908, artículo 13: cuando la ley de fondo desnuda la maniobra de forma

Para comprender la gravedad de la medida, basta contrastarla con la Ley 12.908 —Estatuto del Periodista Profesional—, cuyo artículo 13 establece con claridad meridiana: “El periodista tiene derecho a desarrollar su tarea en condiciones dignas de trabajo, debiendo el empleador adoptar las medidas necesarias para proteger su integridad física y psicológica en el lugar de la cobertura”.

Nótese que la norma no dice “en el lugar que el Estado disponga”, sino “en el lugar de la cobertura”, es decir, allí donde ocurren los hechos noticiables. Mientras la ley 12.908 pone el foco en la obligación patronal —y, por extensión, estatal— de garantizar la seguridad en el terreno mismo de la noticia, el comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional invierte los términos: en lugar de asegurar el lugar de trabajo, muda al trabajador a un lugar seguro, vaciando de contenido el derecho a cubrir la noticia en su contexto real.

Esta inversión perversa convierte al periodista en un espectador de tercera fila, desdibujando la frontera entre la protección laboral y la domesticación informativa. La ley 12.908 reconoce que el riesgo puede existir, pero ordena gestionarlo en el sitio; el gobierno, en cambio, opta por eliminar el sitio para eliminar el riesgo… y de paso, eliminar la mirada independiente.

Artículo 14 bis versus burocracia del miedo

El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna no solo ampara condiciones dignas y equitativas de labor, sino que también protege al trabajador frente a los riesgos del entorno laboral. Sin embargo, en este operativo, el Estado parece olvidar que, para un periodista, el riesgo es inherente a la tarea. La cobertura de una manifestación no es un paseo turístico; es un deber cívico que, en ocasiones, conlleva exposición a la violencia. Pero esa exposición no es una autopuesta en peligro: es el ejercicio de un derecho-deber que la sociedad necesita para fiscalizar al poder.

Lo que el Ministerio de Seguridad Nacional presenta como un esquema de protección es, en realidad, una regulación asfixiante del trabajo periodístico. Al fijar un único lugar permitido para los móviles, al sugerir distancias prudenciales y al amenazar con la figura de la autopuesta en peligro, el gobierno de Milei no hace sino reeditar viejas prácticas de control informativo bajo un ropaje tecnocrático.

El periodismo no se repliega, se despliega

Frente a esta directiva, el periodismo independiente debe redoblar la apuesta por la cercanía, la mirada crítica y la incomodidad al poder. Las medidas de seguridad no pueden convertirse en excusas para construir una realidad edulcorada, ni los operativos pueden diseñarse como barreras infranqueables entre la prensa y la ciudadanía que protesta. La libertad de expresión no se garantiza con veredas exclusivas ni con manuales de autoprotección redactados por quienes, paradójicamente, deberían velar por el libre desarrollo de todas las actividades, incluida la de informar.

Mientras exista un cronista dispuesto a mirar de frente, habrá democracia. Y mientras exista una ley como la 12.908, habrá un argumento irrefutable para exigir que esa mirada se ejerza desde el lugar de los hechos, no desde el exilio urbano que el poder pretende imponer.

Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

17 de Febrero de 2026

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