El derrumbe silencioso de la economía real argentina y el polvorín social que se incuba rumbo a diciembre de 2026

I. La Argentina de las dos velocidades: el abismo que separa a los porteños del resto

Por Fernando Etchadoy Cañuelas Noticias – La economía argentina transita, en este 24 de agosto de 2026, un momento de dualidad extrema que ya no puede disimularse con estadísticas agregadas. Mientras el INDEC celebra un crecimiento interanual del 2,7% en la actividad económica y doce de quince sectores muestran cifras positivas, la realidad que atraviesa la calle argentina es otra: un deterioro violento y sostenido del poder adquisitivo que está partiendo al país en dos mitades irreconciliables.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus aproximadamente 3,5 millones de habitantes, se ha convertido en una burbuja económica que funciona con reglas propias. Los sueldos porteños oscilan entre un piso de 1.500.000 pesos y un techo que alcanza los 9.000.000 de pesos mensuales, permitiendo a una fracción minoritaria de la población sostener un nivel de consumo que contrasta brutalmente con la realidad de los 18 millones de bonaerenses que habitan la provincia más poblada del país.

En la Provincia de Buenos Aires, el escenario es diametralmente opuesto. Los salarios se mueven en un rango que va desde los 300.000 pesos mínimos hasta un máximo de 900.000 pesos, con la enorme mayoría de los trabajadores concentrada en la franja inferior. La brecha entre ambos territorios no es simplemente de ingresos: es de supervivencia. Un porteño del quintil más bajo gana, como mínimo, cinco veces lo que un bonaerense promedio, y el techo salarial de la provincia apenas supera el piso de la capital.

Esta fractura territorial tiene consecuencias inmediatas y medibles. Los servicios públicos, que promediaron aumentos del 800% durante el ajuste, han alcanzado un costo mensual promedio de 400.000 pesos, superando por completo el ingreso mínimo de 300.000 pesos que perciben millones de trabajadores bonaerenses. La ecuación es brutal: un trabajador provincial que gana el salario mínimo debe destinar más del 100% de su ingreso solo para cubrir luz, gas, agua y transporte, dejando cero pesos para alimentación, alquiler, educación o salud.

II. La morosidad como síntoma de una economía que se desangra

Los números del sistema financiero reflejan con crudeza este deterioro. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad general del sistema se ubicó en el 7,6% del total del crédito otorgado al sector privado. Pero este promedio esconde una realidad mucho más grave: la irregularidad en las carteras de los hogares se estabilizó en un 12,8%, tras encadenar un período prolongado de subas consecutivas.

El desglose es demoledor. Los préstamos personales registran una morosidad récord del 16,4%, el nivel más alto de la historia del sistema financiero argentino. Las tarjetas de crédito alcanzan un 12,6% de irregularidad, los créditos prendarios un 7,9%, y solo los hipotecarios se mantienen en niveles bajos (1,6%) por la simple razón de que casi nadie accede a ellos. La leve baja técnica del indicador general —del 7,7% al 7,6%— se explica, según los propios informes oficiales, por el pase de carteras muy deterioradas a cuentas de incobrables fuera de balance. Es decir, la mejora no proviene de que la gente pague, sino de que los bancos asumieron que esas deudas jamás se cobrarán.

A día de hoy, se estima que entre 5,6 y 5,9 millones de ciudadanos argentinos se encuentran registrados con antecedentes negativos en las bases de datos financieras, un máximo histórico en los últimos veinte años. De ellos, más de 3,5 millones ya están catalogados como “deudores irrecuperables” en Situación 5 por el BCRA, un salto del 63,5% respecto al año anterior. En los últimos dos años, 2,6 millones de nuevas personas ingresaron al universo de morosos, arrastradas no por excesos consumistas, sino por la necesidad de financiar gastos corrientes: el 62,5% del uso de tarjetas de crédito se destina hoy a la compra de alimentos.

El ecosistema fintech agrava la situación. La morosidad en billeteras virtuales como Mercado Pago alcanzó un 30,1%, con 3,4 millones de usuarios en situación irregular. Los jóvenes de 18 a 24 años son el segmento más golpeado: el 40,9% de quienes tomaron deuda mediante plataformas digitales se encuentra en mora. El sistema bancario tradicional, mientras tanto, ha sido “chupado” por las fintech, que captan los depósitos de los sectores de menores ingresos pero no generan el mismo tipo de crédito productivo, profundizando la exclusión financiera real.

III. La proyección: de agosto a diciembre de 2026, el abismo se ensancha

Si el gobierno nacional no cambia el sistema económico, la proyección para el período comprendido entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 traza una curva descendente en los indicadores sociales que contrasta con el crecimiento estadístico del PBI. La economía crecerá, según las consultoras del REM, un 2,7% anual, impulsada por el agro, la minería y la energía. Pero ese crecimiento no llegará a la calle.

Proyección de ciudadanos en situación de mora (Veraz y Central de Deudores del BCRA):

Partiendo de los 5,9 millones de morosos actuales, la proyección de deterioro de ingresos, aumento de tarifas y estancamiento salarial permite estimar un incremento mensual de entre 180.000 y 220.000 nuevos deudores que caen en situación de irregularidad. Esto significa que para diciembre de 2026, el número total de argentinos reportados en el Veraz y la Central de Deudores oscilará entre 6,7 y 6,9 millones de personas.

Multiplicando por tres —el núcleo familiar promedio afectado por cada deudor registrado—, la cantidad de argentinos directamente damnificados por la caída económica alcanzará los 20,1 a 20,7 millones de personas. Es decir, prácticamente la mitad de la población del país estará tocada por la morosidad, la exclusión del crédito y las consecuencias sociales derivadas: imposibilidad de alquilar, de acceder a financiamiento para emprender, de obtener tarjetas de crédito o de calificar para préstamos hipotecarios.

La escalada de la pobreza estructural:

La pobreza, que en el primer trimestre de 2026 volvió a subir al 30% según la UCA, proyecta una trayectoria ascendente. Si la inflación de alimentos se mantiene en el rango actual —la leche aumenta cada 15 días en los supermercados y otros productos registran incrementos de hasta el 50% mensual—, la canasta básica alimentaria seguirá trepando por encima de los salarios anclados. Para diciembre, la pobreza podría ubicarse entre el 32% y el 34%, lo que implicaría entre 14,7 y 15,6 millones de personas en situación de pobreza, con una indigencia que podría trepar del 6,5% al 8%, dejando a unos 3,7 millones de argentinos sin siquiera poder cubrir sus necesidades alimentarias mínimas.

La caída del consumo y la destrucción del tejido productivo:

Las ventas minoristas de las pymes, que ya acumulan una caída del 2,7% en los primeros siete meses del año, cerrarán 2026 con una contracción cercana al 3% anual. El 81,2% de los comercios que ya recurren a promociones o financiación forzada para vender verán agravarse su situación a medida que la morosidad de los consumidores restrinja aún más el financiamiento al consumo. La industria manufacturera, con una baja del 1,7% acumulada, terminará el año en terreno negativo, con suspensiones y despidos en sectores clave como el automotriz, el autopartista y el de alimentos. El desempleo, que ya alcanza el 7,8% y se proyecta en 7,5% para el cuarto trimestre según el REM, podría superar el 8% si se profundiza la recesión del consumo interno, llevando el número de desocupados a más de 1,7 millones de personas.

IV. El conflicto social: la mecha encendida que se oculta bajo las estadísticas

La pregunta no es si el conflicto social estallará, sino cuándo y con qué intensidad. Las condiciones objetivas para una escalada de tensiones están dadas y se profundizan semana a semana.

El desalojo como política de limpieza urbana:

La combinación de desalojos exprés en un plazo de 10 días, la policía de la Ciudad que persigue a los vendedores callejeros —personas que, tras quedarse sin trabajo, intentan subsistir en la economía informal— y la narrativa oficial que presenta a la Ciudad de Buenos Aires como un oasis de normalidad mientras la Provincia se hunde, configura un escenario de “caza de brujas” social. La “escoba a la pobreza” que se aplica en la capital no resuelve el problema de fondo: simplemente desplaza a los excluidos hacia los márgenes, concentrando la miseria en el conurbano bonaerense, donde la relación entre servicios y salarios ya es insostenible.

Los nudos de conflicto más probables:

El primer foco de tensión está en los servicios públicos. Si los aumentos tarifarios continúan superando la capacidad de pago de los hogares, los cortes de suministro por falta de pago se multiplicarán, generando protestas focalizadas en los barrios periféricos del conurbano. Un apagón masivo por cortes de luz en pleno verano, con temperaturas superiores a 35 grados, podría convertirse en el detonante de una revuelta social de imprevisibles consecuencias.

El segundo foco está en el sistema alimentario. La leche que aumenta cada 15 días es un símbolo: los productos de primera necesidad se están volviendo inaccesibles para millones de familias. Si la inflación de alimentos persiste en el rango actual, diciembre encontrará a una parte significativa de la población en situación de hambre estructural, con la consiguiente demanda de asistencia alimentaria directa o de control de precios. Los saqueos a supermercados, que la historia argentina ha conocido en las crisis de 1989 y 2001, no son una hipótesis descabellada si la situación se deteriora lo suficiente.

El tercer foco está en la morosidad misma. Los 20 millones de argentinos afectados directa o indirectamente por el Veraz no son una masa pasiva. Son personas que no pueden alquilar, no pueden obtener crédito, no pueden acceder a financiamiento para producir, y que ven cómo sus ingresos se esfuman en servicios y alimentos. La exclusión financiera masiva es un caldo de cultivo perfecto para la protesta social, especialmente si el gobierno mantiene un discurso de “normalidad” que resulta insultante para quienes la están pasando mal.

El escenario de diciembre:

Si el gobierno nacional no cambia el sistema económico, diciembre de 2026 encontrará a una Argentina fracturada. La Ciudad de Buenos Aires seguirá mostrando indicadores de consumo y actividad relativamente sólidos, sostenidos por los sectores de mayores ingresos y por el turismo. Pero la Provincia de Buenos Aires, con sus 18 millones de habitantes, habrá profundizado su caída: más desempleo, más morosidad, más pobreza, más exclusión. La brecha entre ambos territorios se habrá ensanchado hasta convertirse en un abismo político.

El riesgo de conflicto social es real y creciente. Las encuestas ya muestran que el desempleo superó a la inflación como principal preocupación de los argentinos (36% frente a 11%). Ese dato es revelador: la gente ya no teme tanto los precios como la falta de ingresos. Y la falta de ingresos, cuando se combina con un discurso oficial que niega la realidad, produce exactamente el tipo de explosión social que los mercados internacionales descuentan en sus proyecciones de riesgo país.

V. Conclusión de Fernando Etchadoy la negación no es una estrategia

La economía argentina de 2026 es una economía de dos caras. La cara oficial, medida por el PBI, el agro, la minería y la energía, muestra un crecimiento del 2,7% anual que alimenta el relato de la “normalidad”. La cara real, medida por la morosidad récord, la pobreza en ascenso, la caída del consumo interno y la destrucción del empleo formal, muestra una economía que se desangra silenciosamente.

Los 5,9 millones de morosos actuales, que serán 6,9 millones en diciembre, no son una estadística fría: son personas. Multiplicados por tres, representan a más de 20 millones de argentinos que están viendo cómo su vida se deteriora violentamente. La leche que aumenta cada 15 días, los servicios públicos que superan los salarios, los desalojos exprés, la policía cazando vendedores callejeros: todo forma parte de un mismo proceso de exclusión social que se disfraza de ordenamiento económico.

El riesgo de conflicto social no es una especulación: es una proyección matemática. Los números están dados, las condiciones están dadas, y la historia argentina ya ha demostrado lo que sucede cuando la brecha entre la economía real y la economía oficial se vuelve demasiado amplia. La pregunta que el gobierno de Milei debería hacerse no es si el PBI crecerá en diciembre —crecerá, en términos estadísticos— sino si ese crecimiento llegará a tiempo para evitar que la fractura social se convierta en una fractura política irreversible.

Porque cuando la mitad de la población está tocada por la morosidad, cuando los servicios superan los salarios, cuando la pobreza escala y el discurso oficial insiste en que todo está bien, la reacción social no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y diciembre de 2026 está a la vuelta de la esquina.

Por Fernando Etchadoy

Cañuelas Noticias

@cañuelasnoticias

24 de Agosto de 2026

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